Leo en el diario Público que Aminatu Haidar, la activista saharui en huelga de hambre, podría ser la primera víctima del recorte de la ley de justicia universal aprobada en octubre de este año, por el que ningún juez español podrá juzgar delitos cometidos en el extranjero a ciudadanos que no sean nacionales. En este caso, parece probado que la activista sufrió una expulsión de facto de Marruecos hacia España, donde se la dejó entrar en situación irregular, además del maltrato de las autoridades marroquíes a esta mujer en sucesivas ocasiones. España se lava las manos, siendo administradora del Sahara Occidental por mandato de la ONU, y posiblemente esta mujer muera abandonada a su suerte, ya que nuestro gobierno no tiene la valentía de cumplir con su deber, responsabilidad abandonada con cobardía en 1975 hacia ciudadanos españoles a los que no se protegió de la ocupación marroquí. El gobierno socialista pone por delante los intereses económico-estrátegicos con el vecino Marruecos que el cumplimiento de los derechos humanos de Aminatu Haidar. De su suerte haremos responsable a este gobierno.
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